laSubterranea

El gobierno entierra la Ley de Transparencia

Hace no mucho informábamos de que un ley regularía el ‘derecho a saber’ ( aquí, la noticia en El País ) de los ciudadanos.

Hoy leemos en la prensa ( Público ) que el Gobierno entierra la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Que los ciudadanos tengan el derecho de acceder a la información de los poderes públicos ya no es una prioridad para el Gobierno. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un compromiso anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, no verá la luz en esta legislatura, según admiten fuentes de la Moncloa. Y ello a pesar de que en diciembre de 2009, tras la presión de varias ONG, el Ejecutivo anunció la próxima aprobación de la norma.

Juan Varela ( Periodistas21 ) se hace eco de la noticia y expresa la siguiente opinión, que refleja el sentir de laSubterranea mucho mejor de lo que nosotros seríamos capaces de expresar.

La ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a la información pública duerme en los cajones del gobierno. La norma, imprescindible para desarrollar el gobierno abierto y aumentar la transparencia administrativa y política, ha quedado arrumbada ante otras urgencias políticas, la discusión de la reforma del canon digital y la recuperación de la ley Sinde contra las descargas con mayor consenso parlamentario.
El acceso a la información pública es indispensable para garantizar el derecho a saber de los ciudadanos, proteger sus libertades, defenderse del abuso y control de sus datos por las administraciones públicas y construir una sociedad más abierta. Obliga a los poderes públicos a responder a los ciudadanos, facilitar información sobre sus actos y ser transparentes y responsables. Una ley para dotar a la democracia de la información necesaria para una sociedad participativa y crítica.
Un enorme cambio de cultura en la administración, la forma de gobernar y el manejo del poder. Una pérdida del control tradicional de políticos y funcionarios para poner la información y los datos en poder de sus legítimos dueños: los ciudadanos.